Recupera Congreso Mexiquense facultades para calificar la cuenta pública de la entidad
Recupera Congreso Mexiquense facultades
para calificar la cuenta pública de la entidad
TOLUCA, México.- La Cámara de Diputados del Estado de México informó que con la aprobación de 15 dictámenes, entre estos los informes sobre las cuentas públicas estatal y municipal del ejercicio fiscal 2017, por los cuales se instruyeron mayores revisiones al ISEM, la UAEM, el Issemym, el PAC y los CUSAEM, además de solicitar que se inicie el procedimiento de remoción del Auditor Superior de Fiscalización, concluyó el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la 60 Legislatura mexiquense.
En sesión realizada en el Centro Ceremonial Otomí, declarado previamente recinto oficial del Poder Legislativo, la Legislatura también emitió la declaratoria de aprobación de la reforma constitucional por la cual recupera la facultad de calificar la Cuenta Pública.
Después de que la diputada Guadalupe Mariana Uribe Bernal, presidenta de la Directiva, informó que en el periodo de sesiones que concluyó se realizaron 15 sesiones plenarias y se aprobaron 38 iniciativas de decreto, incluyendo dos reformas constitucionales, y 25 puntos de acuerdo, fue instalada la Diputación Permanente que preside la diputada Karla Leticia Fiesco García (PAN).
Antes de iniciar la sesión, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Maurilio Hernández González, recibió del secretario de Finanzas del gobierno estatal, Rodrigo Jarque Lira, la Cuenta Pública del Gobierno estatal, los organismos auxiliares y autónomos, los ayuntamientos y los poderes Legislativo y Judicial del ejercicio fiscal 2018.
Durante la sesión deliberante, los diputados aprobaron modificar la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial para fortalecer la autonomía de éste y eficientar la impartición de justicia; elevar a rango constitucional el derecho a la ciudad; tipificar y sancionar los crímenes de odio; establecer la paridad de género en las comisiones edilicias; ampliar la licencia por paternidad a los servidores públicos, y cancelar la posibilidad de que los concesionarios de carreteras estatales puedan renovarlas.
También avalaron que en el diseño de las políticas públicas en materia de desarrollo social prevalezca el interés superior del niño; que los ayuntamientos conformen sus comisiones permanentes del Adulto Mayor, y el derecho de las personas con discapacidad al libre desplazamiento, a contar con preferencias que les permitan su traslado y con al menos dos cajones gratuitos por cada 30 en los estacionamientos públicos.
