Urgen defensores de derechos humanos, actores políticos y ciudadanos a Del Mazo, solucionar grave crisis en cárceles
Urgen defensores de derechos humanos, actores políticos y ciudadanos a Del Mazo, solucionar grave crisis en cárceles
***Las comisiones estatal y nacional de Derechos Humanos, emiten recomendaciones por violación sistemática de las garantías individuales de los reos como tortura, hacinamiento, además de denunciar el consentimiento de directivos carcelarios para la introducción a los penales de armas y drogas.
Manuel Guzmán
Ante el desolador panorama de la situación que prevalece en los centros penitenciarios del Estado de México, defensores de derechos humanos, actores políticos y la sociedad mexiquense en su conjunto, demanda al gobernador Alfredo Del Mazo Maza, que contribuya a la brevedad, para solucionar la grave problemática de corrupción y violencia en las cárceles de la entidad.
Luego de los enfrentamientos que se han registrado en centros de readaptación social como el de Chiconautla en Ecatepec, el Neza-Bordo en Ciudad Nezahualcóyotl y el hallazgo de 632 artículos prohibidos en el interior del penal de Cuautitlán, se elevaron las voces de alerta, al salir a la luz pública múltiples irregularidades en los centros penitenciarios que van desde abusos consentidos por la autoridad contra los presos, hasta la venta de espacios, sistemas de “crédito”, para el pago de enervantes o préstamos para pagar cuotas, así como la presencia de drogas, armas y teléfonos celulares, que supuestamente no están permitidos.
Frente a las vejaciones, golpizas y amenazas padecidas por una población carcelaria que vive en condiciones de completo hacinamiento, como lo ha señalado el propio secretario general de gobierno Alejandro Ozuna Rivero, quien reconoció que este asunto no puede resolverse en el corto plazo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), emitió una recomendación a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, por violar las garantías individuales de los reos del penal Neza-Bordo.
El organismo a cargo del ombudsman Jorge Olvera García, informó que en dicha cárcel, se permitió, auspició y toleró que los internos fueran víctimas de tortura e intimidación, comprobándose que en el Módulo de Tratamiento Intensivo, se abusaba de los reos.
Eruviel conocía las anomalías
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, (CNDH) señaló que las observaciones sobre las irregularidades en los penales mexiquenses habían sido dadas a conocer desde 2012 a Eruviel Ávila Villegas, entonces gobernador, a quien se le enviaron dos recordatorios de los pendientes, sin que se cumplieran.
En este año se han emitido seis recomendaciones a nivel local, las cuales están vinculadas con los reclusorios de la entidad, así como un informe que documenta la situación que se vive en los penales.
De acuerdo con reportes del Sistema Penitenciario Nacional, el Estado de México es la entidad con mayor sobrepoblación carcelaria en el país, siendo los centros más problemáticos los de Chalco, Cuautitlán, Jilotepec, Lerma, Tenango del Valle, Tlalnepantla y Texcoco.
Pese a que la Secretaría de Seguridad estatal anunció que se llevará a cabo la reubicación de un cúmulo de entre 100 a 150 internos considerados de alta peligrosidad, de reclusorios estatales a cárceles federales, la propia titular de esa dependencia Maribel Cervantes admitió que “seguramente van a seguir sucediendo muchos intentos de disturbios, pero ya tenemos una primera fotografía.”
En tanto, el dirigente estatal del PRD Omar Ortega Álvarez, advirtió que el gobierno mexiquense, encabezado por el mandatario Alfredo del Mazo Maza, debe iniciar una auditoría a los recursos que la administración del ex gobernador Eruviel Ávila Villegas, destinó a la operación de los 22 centros preventivos ubicados en territorio estatal, porque además, la ciudadanía debe tener claridad del gasto aplicado, pues tan sólo en 2016 la administración de Ávila erogó mil 999.8 millones de pesos, según la Cuenta Pública de ese año.
Tras proponer que la Secretaría de Seguridad debe crear un marcador electrónico, donde diariamente se puedan conocer los registros de la población penitenciaria en cada una de las cárceles estatales, Ortega, apuntó que en 2006 la población penitenciaria era de 19 mil 726 internos, y en 2016 ya ascendía a 25 mil 723 personas. El incremento en esos 10 años es de 5 mil 997 internos, lo cual representa un 30.4 por ciento. Puntualizó que en 2006, había 10 mil 68 camas en cárceles estales y para 2016 crecieron a 13 mil 125, es decir, 3 mil 57 camas nuevas, que significan también un 30.3 por ciento, sin embargo, el rezago histórico no pudo ser revertido. Así, la sobre población penitenciaria en 2016 fue del 95.9 por ciento, similar a la que había en 2006.
Por separado, el presidente del PAN mexiquense, Víctor Hugo Sondón Saavedra, afirmó que los Centros de Readaptación Social (Ceresos) del Estado de México, además de que no cumplen con el objetivo de regenerar a las personas que han cometido un delito, hoy son una gran cueva del crimen, como se ha demostrado con los últimos acontecimientos en el penal El Bordo de Xochiaca en Nezahualcóyotl y en Chiconautla en Ecatepec, que lucen sin control de la autoridad, propiciando actos de tortura contra internos, extorsiones y violación de los derechos humanos.
Sondón Saavedra, señaló que el método de autogobierno en los penales mexiquenses propicia que grupos de delincuentes se apoderen de la cárceles, se cometan graves delitos, se genere violencia interna, extorsión y tráfico de sustancias no legales, como lo indicó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su recomendación M-6/2017 al gobernador mexiquense.
El presidente del PAN, afirmó que Acción Nacional a través del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados del Estado de México presentará un punto de acuerdo para que comparezcan los funcionarios de primer nivel del Sistema Penitenciario Estatal involucrados en los hechos, como es el director de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado de México, Luis Arias González.
