Servidores Públicos de Naucalpan están capacitados para atender a personas con discapacidad
NAUCALPAN DE JUÁREZ, México.- Para el Gobierno Municipal, la implementación de un Protocolo de Atención a Personas con Discapacidad en Naucalpan, donde según datos oficiales del Censo de Población y Vivienda INEGI 2020 residen 128 mil 677 personas, representa un paso fundamental hacia la construcción de una administración pública más inclusiva, equitativa y accesible, que refrenda su compromiso con todas las personas, afirmó el presidente municipal, Isaac Montoya Márquez.
En Naucalpan creemos firmemente que una administración que escucha, que es consciente y empática, que se pone en el lugar del otro, y que actúa con el sentido de inclusión con quienes han sido relegados o excluidos, es una administración que refleja los principios del movimiento de la transformación, dijo.
La subdirección de Comunicación Inclusiva y Participativa impartió el “Taller de Toma de Conciencia y Comunicación Inclusiva en la Atención a Personas con Discapacidad para Servidoras y Servidores Públicos” y presentó el Protocolo a las áreas de atención a la ciudadanía en el municipio, a fin de establecer lineamientos claros para la atención a este sector de la población, asegurando la igualdad de oportunidades, accesibilidad y un trato digno conforme a los principios de derechos humanos, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y las normas de accesibilidad.
Montoya Márquez, expresó que en esta primera capacitación, desde un enfoque inclusivo e incluyente, se asegura que cada ser humano cuente con condiciones de accesibilidad en cuanto a los derechos consagrados, como es la información, a tener un trato digno y justo. Exhorto a las y los servidores públicos a reflexionar en las palabras y los actos, de la manera de conducirnos hacia este sector de la población.
A través del departamento de Comunicación Inclusiva y Comunitaria se capacitó a cerca de un centenar de servidoras y servidores públicos, quienes de acuerdo al documento deberán garantizar el respeto a los derechos de las personas con discapacidad, porque no solo es una obligación legal y ética, sino también una oportunidad para fortalecer la calidad de los servicios públicos y promover una sociedad más justa.
