TOLUCA, México.– “El sistema de procuración de justicia está rebasado, urge sumar capacidades para combatir la impunidad”, afirmó el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI), Elías Rescala Jiménez, al presentar una iniciativa para que policías locales y estatales puedan recibir denuncias, iniciar investigaciones y colaborar directamente con el Ministerio Público (MP) en la atención de delitos.
La propuesta plantea una reforma constitucional y ajustes a diversas leyes estatales para que 40 mil elementos —20 mil estatales y 20 mil municipales— se incorporen formalmente a las labores de investigación bajo la conducción jurídica del MP, con el objetivo de agilizar los procesos y reducir los niveles de impunidad en la entidad.
De acuerdo con la exposición de motivos, en 2023 se cometieron 6.8 millones de delitos en el país, pero solo 385 mil 853 fueron registrados, lo que refleja que 9 de cada 10 delitos no se denuncian. Entre los principales motivos de la llamada “cifra negra” están la desconfianza en la autoridad (34%), trámites largos (10%), actitudes hostiles de servidores públicos (3%) y miedo a ser extorsionados (1%).
Actualmente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México cuenta con apenas 3,500 ministerios públicos y policías ministeriales, cifra insuficiente para atender la totalidad de los casos. En contraste, el GPPRI propone aprovechar la infraestructura y presencia territorial de las policías locales como primer respondiente para recibir denuncias, levantar actas, preservar evidencias y realizar diligencias inmediatas, todo bajo la supervisión del MP.
La propuesta también contempla que, en localidades donde no haya agencia del Ministerio Público, los síndicos municipales asuman funciones para garantizar el acceso a la justicia, y que las corporaciones actúen de manera inmediata en casos urgentes.
Además, se propone que la Secretaría de Seguridad estatal implemente unidades especializadas de detectives e investigación, y capacite al personal policial de los municipios en atención a víctimas, cadena de custodia y técnicas de investigación, bajo un esquema de coordinación permanente entre las distintas corporaciones y el MP.
La iniciativa no fue leída en la sesión deliberante, pero ya se encuentra registrada para su análisis y discusión. De aprobarse, implicaría una reforma estructural en el modelo de procuración de justicia del Estado de México, permitiendo una respuesta más ágil y cercana a la ciudadanía ante los hechos delictivos.
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