Proponen legisladores arrendamiento de inmuebles municipales para saldar adeudos de nómina

TOLUCA, México.- “Se trata de una medida de justicia fiscal y eficiencia administrativa”, afirmó el diputado Samuel Hernández Cruz, de morena, al presentar una propuesta para que los ayuntamientos puedan arrendar inmuebles de su propiedad al gobierno estatal y aplicar estas contraprestaciones como compensación parcial o total de sus adeudos por impuesto sobre nómina.

Durante la sesión deliberante, el legislador explicó que la iniciativa contempla reformas al Código Financiero del Estado de México y Municipios, con el propósito de reducir el gasto operativo del gobierno estatal en rentas comerciales. Expuso que actualmente la administración estatal arrienda 263 inmuebles para oficinas, bodegas y estacionamientos, lo que representa más de 300 millones de pesos anuales, mientras que más de mil inmuebles municipales permanecen subutilizados.

Hernández Cruz destacó que la medida permitiría a los municipios disminuir sus pasivos fiscales sin afectar su flujo de efectivo ni comprometer recursos presupuestales. Asimismo, promovería un uso más eficiente del patrimonio público, evitando el abandono, deterioro o apropiación indebida de bienes municipales.

Recordó que el Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, conocido como impuesto sobre nómina, grava los pagos por trabajo subordinado y es una obligación que los municipios deben cumplir como empleadores. Sin embargo, varios ayuntamientos han acumulado adeudos que ascienden a cientos de millones de pesos.

El diputado calificó su propuesta como un esquema innovador, solidario y responsable que fortalece las finanzas públicas y fomenta la cooperación intergubernamental, sin generar gasto adicional ni comprometer ingresos futuros. Afirmó que esta alternativa permitiría dar solución práctica a los pasivos municipales en beneficio directo de la población.

Por otra parte, Hernández Cruz denunció que en Tecámac cientos de trabajadores habrían sido separados de sus funciones sin formalidades legales ni respeto a sus derechos laborales. Señaló que ningún conflicto político o administrativo debe derivar en afectaciones para las personas trabajadoras, sus familias ni el servicio público.