TOLUCA, México.- Comisiones del Congreso del Estado de México aprobaron la iniciativa enviada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para fortalecer la coordinación interinstitucional en materia de seguridad pública, ampliar las facultades de inteligencia de la Secretaría de Seguridad y reconocer a las Mesas de Paz como instancias operativas de decisión inmediata.
Durante la reunión de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Seguridad Pública y Tránsito, se destacó que la reforma actualiza el marco legal para privilegiar el trabajo conjunto entre instituciones estatales, federales y municipales, además de definir con mayor claridad las atribuciones en tareas de investigación, vigilancia y auxilio.
Al presidir la sesión, el diputado Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo señaló que la modificación a las leyes Orgánica de la Administración Pública y de Seguridad representa una nueva etapa para combatir la inseguridad, mientras que legisladores resaltaron que se fortalecen las facultades de la Secretaría de Seguridad y el modelo de coordinación con mando único.
Durante el análisis, diputadas y diputados plantearon cuestionamientos sobre la profesionalización del personal policiaco y los mecanismos para evitar la colusión de mandos municipales con la delincuencia, así como sobre el intercambio de información entre corporaciones y el control en los centros penitenciarios.
Representantes de la Consejería Jurídica y de la Secretaría de Seguridad explicaron que la capacitación y evaluación de mandos municipales, así como el cumplimiento de requisitos de ingreso, contribuirán a impedir vínculos con el crimen, además de que la formación estará a cargo de la Universidad Mexiquense de Seguridad bajo criterios del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
De acuerdo con el dictamen aprobado por mayoría, la reforma busca fortalecer la coordinación con la Federación y la Guardia Nacional, modernizar las funciones de investigación e inteligencia, consolidar las Mesas de Paz, profesionalizar y dignificar a los cuerpos policiales, homologar el régimen disciplinario y promover la participación comunitaria, bajo un modelo de seguridad centrado en la persona y alineado con los derechos humanos.
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