CIUDAD DE MÉXICO, México.- “En México, se estima que existen alrededor de 40 mil negocios clandestinos dedicados a actividades pirotécnicas y solo dos mil operan con permisos vigentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Esta misma falta de un control estricto contribuye a que estas prácticas sigan causando daños materiales y en las personas”, señaló el senador Enrique Vargas del Villar al presentar una iniciativa para reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado propuso establecer como agravante la venta y transportación ilegal de pirotecnia, especialmente cuando se ponga en riesgo a terceros, se realice en zonas urbanas densamente pobladas o exista reincidencia. Indicó que, aunque la pirotecnia forma parte de tradiciones culturales, su manejo sin permisos representa un riesgo grave para la seguridad pública y el patrimonio de las familias.
El legislador mexiquense advirtió que entre 2006 y 2024 se han registrado más de 630 accidentes relacionados con la pirotecnia en el país, lo que evidencia la necesidad de actualizar el marco legal con un enfoque de seguridad pública y gestión integral de riesgos, particularmente en áreas de alta concentración poblacional.
Vargas del Villar explicó que actualmente la ley no contempla sanciones específicas con agravantes claras para quienes vendan o transporten estos productos de manera ilegal, por lo que muchas conductas se castigan solo de forma administrativa o con penas que no resultan proporcionales al peligro social que implican. Añadió que la dispersión normativa ha generado vacíos que favorecen la impunidad.
La propuesta también busca armonizar las agravantes penales y fortalecer la regulación estatal y municipal para la venta y distribución, sobre todo en mercados, centros comerciales y espacios concurridos. Subrayó que no se pretende criminalizar las actividades tradicionales que operan bajo la legalidad, sino diferenciar con claridad el comercio regulado del clandestino.
De aprobarse la iniciativa, quedaría prohibido utilizar cualquier vehículo motorizado o ferroviario para trasladar pirotecnia; sería obligatorio contar con licencia o permiso de la autoridad para su transporte y almacenamiento, y se impondrían penas de cuatro a seis años de prisión, además de multas de 10 a 300 Unidades de Medida y Actualización, a quienes fabriquen, vendan, transporten o comercialicen estos materiales sin autorización.
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