TOLUCA, México.- “En tiempos de desafección política y desconfianza institucional, la legitimidad del gobierno depende tanto de la eficacia administrativa, como de la coherencia moral de sus actos”, señaló el diputado Octavio Martínez Vargas al presentar una iniciativa de reforma constitucional para limitar los sueldos en la administración pública.
La propuesta busca establecer formalmente que ninguna persona servidora pública en la entidad perciba ingresos superiores a los de la persona titular del Poder Ejecutivo estatal. De acuerdo con el legislador de Morena, esta medida representa un referente de autoridad ética y moderación republicana, alineando el marco jurídico local con los principios de austeridad federales.
Según los registros del Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense actualizados a este año, la percepción mensual neta de la gubernatura asciende a 100 mil 404 pesos. En caso de ser aprobada, toda remuneración que exceda dicho monto deberá ajustarse a los nuevos tabuladores, respetando siempre los derechos adquiridos por antigüedad y las prestaciones laborales de ley.
El proyecto dispone que el Congreso, los poderes Ejecutivo y Judicial, así como los organismos autónomos y los 125 ayuntamientos, cuenten con un plazo no mayor a 180 días naturales para adecuar sus leyes y reglamentos. El objetivo es eliminar disparidades injustificadas y fortalecer la disciplina presupuestal en todos los niveles de gobierno.
Martínez Vargas argumentó que el contexto económico y social de la entidad exige un uso más racional y equitativo de los recursos. Aseguró que la iniciativa no solo garantiza la supremacía salarial del titular del Ejecutivo como límite máximo, sino que refuerza la confianza ciudadana en las instituciones al evitar abusos en las percepciones económicas.
Finalmente, el legislador destacó que esta propuesta da cumplimiento al plan de desarrollo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez en materia de austeridad. Subrayó que, para consolidar estos avances, es indispensable contar con una base legal sólida que obligue a la administración pública estatal y municipal a seguir el ejemplo de moderación.
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