Avanza en el Congreso del Estado de México la penalización de los “montachoques” como delito de fraude

TOLUCA, México.— “Sólo en Ecatepec se tienen documentadas alrededor de 15 extorsiones tipo ‘montachoques’ al día, con una rentabilidad promedio de 10 mil pesos por percance”, advirtió el diputado de Morena, Octavio Martínez Vargas, al presentar su iniciativa para sancionar con hasta 24 años de prisión a quienes provoquen accidentes de tránsito con fines de extorsión.

La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso mexiquense aprobó por unanimidad la propuesta, que busca castigar esta práctica como una modalidad de fraude. El dictamen establece una pena de hasta 12 años de cárcel y mil 500 días de multa, la cual podría duplicarse si el delito se comete contra personas adultas mayores, con discapacidad, mujeres o en situación de vulnerabilidad.

Durante la sesión presidida por la diputada Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN), el legislador morenista destacó la urgencia de tipificar el delito, ya que esta modalidad delictiva surgió en Ecatepec y se ha extendido hacia municipios vecinos y la Ciudad de México. De aprobarse en el pleno, el Estado de México sería la primera entidad del país en legislar sobre este tipo de fraude vehicular.

Martínez Vargas recordó que tras presentar su iniciativa, el diputado federal Emilio Manzanilla Téllez (PT) ingresó una propuesta similar en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para sancionar el fraude por colisión vehicular con hasta ocho años de prisión.

En otro tema, el diputado mexiquense cuestionó la actuación del titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), José Luis Cervantes Martínez, luego de los bloqueos realizados por transportistas de agua tras el operativo que aseguró 322 pipas presuntamente utilizadas en la extracción y venta ilegal del recurso en 48 municipios.

Señaló que, pese al operativo, no hay líderes detenidos ni dinero confiscado, mientras que la falta de agua afecta a hospitales, escuelas, industrias y centros de reclusión. “La crisis de movilidad fue consecuencia de una acción que no estuvo acompañada por la detención de los principales responsables del robo de agua ni de las posibles autoridades que los protegen”, concluyó.