DE FISCAL CARNAL A FISCAL CHALÁN. Por: Alfredo Oropeza

En el ocaso del sexenio de Peña Nieto –cuando este maniobraba para que su Procurador General de la República tuviera pase automático para constituirse como el Fiscal General de la República y dejar a un personaje a modo que le cubriera las espaldas, por los sonados casos de corrupción en su gobierno–, se acuñó entre la oposición del Congreso el término de “Fiscal Carnal”.

No era menor la pretensión de Peña para dejar afianzado a un fiscal a modo, pues la nueva figura encargada de las investigaciones judiciales duraría en su cargo nueve años ininterrumpidos, tiempo de oro para garantizar impunidad.

Al final, y en el declive de su poder, Peña no logró afianzar su propuesta y el congreso logró eliminar el pase automático de quien entonces era el Procurador de la República. A pesar de ello, el presidente saliente logró entablar varios compromisos y pactos con el presidente entrante, López Obrador, para lograr que no fuera tocado ni con el pétalo de un expediente, al dejar el cargo.

Del pacto Peña-López, uno de los acuerdos fue garantizar que el segundo pudiera decidir sobre el nuevo fiscal general, bajo la simulación de que este sería autónomo y sólo rendiría cuentas al Congreso de la República. Cargo que recayó en Alejandro Gertz Manero.

Con el devenir del nuevo sexenio, lo que ha quedado más que claro, es que el pacto Peña-López derivó de pasar de un “fiscal carnal” a un “fiscal chalán”.

Ha quedado de manifiesto ante la opinión pública, que López Obrador no sólo cuenta con la Unidad de Inteligencia Financiera, para hacer manita de puerco a jueces, magistrados y a todo aquel que no acepte línea desde Palacio Nacional, o que por lo menos camine sobre la rayita que marca el presidente de la República. También, cuenta con el garrote de la FGR y la sumisión, obediencia y servilismo incondicional de su titular: Alejandro Gertz Manero.

El ahora Fiscal Chalán, ha fungido de comparsa y palero del presidente López, el cual le dicta y autoriza que procesos de investigación debe iniciar y contra quién. Principalmente, le ha marcado la temporada de caza de panistas, sobre todo, de los posibles contendientes que pudieran ser candidatos serios a la Presidencia de la República.

De ahí se explica la gran envestida en contra de Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, y de Ricardo Anaya, excandidato a la Presidencia por el PAN. En tanto que, a exfuncionarios del sexenio peñista, envueltos en escándalos de corrupción, y a los cabecillas de los cárteles de la droga y del crimen organizado, no se les toca ni con el pétalo de un auto de formal prisión.

El gran problema que enfrenta Gertz Manero, es que en materia judicial las enchiladas no son al gusto y, para atender los caprichos y desplantes de López obrador, ha tenido que recurrir a triquiñuelas, con expedientes desaseados y declaraciones infantiles (vertidas por un integrante de la camarilla corrupta del sexenio anterior), para integrar averiguaciones endebles y hasta ridículas.

Por lo anterior, el presidente ha quedado en mala posición, luego que se conociera la falta de pruebas, en la investigación contra con el principal líder opositor y referente del PAN, cuando Anaya denunció una persecución judicial del gobierno de 4Ta. y se fue del país.

Acto seguido, para despejar las sospechas de persecución política, López Obrador le pidió (sin recato alguno) a su Procurador que publicara la investigación contra Anaya, este presto y obediente lo hace. Pero el tiro les salió por la culata, pues al conocerse los detalles de la investigación quedaron en evidencia la falta de elementos jurídicos de peso para sostener la acusación.

Al final, López Obrador se subió al ring de Anaya y está dando la cara en una disputa política que evidencia, cada vez más, el uso faccioso del aparato del Estado en contra de rivales políticos. Mientras que, el trabajo de Gertz Manero está siendo seriamente cuestionado por la opinión pública, al servir de Fiscal Chalán del presidente y dejar de lado los temas prioritarios, como el combate al crimen organizado y los actos de corrupción del sexenio anterior y el que está en curso.