CIUDAD DE MÉXICO.— “La persistencia de la desigualdad afecta desproporcionadamente a poblaciones como indígenas y afrodescendientes, manifestándose en la concentración de riqueza, pobreza extrema y falta de servicios”, afirmó la senadora Mariela Gutiérrez Escalante durante el conversatorio México y la ONU: 80 años trabajando por la paz, los derechos humanos y el desarrollo sostenible.
La legisladora mexiquense destacó que el Poder Legislativo ha fortalecido el marco jurídico en materia de igualdad e inclusión de las mujeres, reafirmando el compromiso del país con la protección de los derechos humanos. Además, subrayó el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la promoción de reformas prioritarias en favor de la igualdad sustantiva y la erradicación de la violencia de género.
Durante la apertura del panel “Igualdad e inclusión: construyendo una agenda global compartida”, que moderó, Gutiérrez Escalante resaltó avances significativos, como la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 y las recientes modificaciones orientadas a garantizar la perspectiva de género, la igualdad salarial y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
La senadora recordó que México ha ratificado tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la CEDAW, los cuales han sido fundamentales para consolidar el marco jurídico en favor de la igualdad.
En sus conclusiones, enfatizó la necesidad de transformar los acuerdos internacionales en leyes y derechos efectivos, fortalecer el multilateralismo e incorporar la sabiduría de los pueblos originarios, así como promover el acceso equitativo a la tecnología como herramienta de inclusión.
El panel contó con la participación de Lourdes Colinas Suárez, oficial nacional de programas y especialista en empoderamiento económico; Dana Graber Ladek, representante de la Organización Internacional para las Migraciones en México; Edith Pacheco Gómez Muñoz, investigadora de El Colegio de México; y Reyna Celeste Ascencio, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.
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