Enrique Vargas impulsa reforma para proteger derechos laborales de personas con VIH

CIUDAD DE MÉXICO.- “Desde la visión del PAN, esta iniciativa representa un compromiso con la dignidad humana”, afirmó el vicecoordinador de los senadores del PAN, Enrique Vargas del Villar, al presentar una propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo para evitar la discriminación hacia trabajadores que viven con VIH en los centros laborales.

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Sida, el senador explicó que, aunque solo 0.06 por ciento de la población vive con VIH en México, la discriminación laboral sigue siendo alta: 41 por ciento de las denuncias registradas ante el Conapred por este motivo ocurren en el ámbito del trabajo. Por ello, aseguró que es necesario fortalecer los mecanismos de protección para garantizar el respeto a los derechos humanos.

La iniciativa establece la prohibición para que empleadores soliciten certificados médicos o pruebas serológicas como requisito para contratar, mantener o promover a una persona, y plantea sanciones que van de 250 a dos mil 500 UMAs a quien discrimine o despida a trabajadores por su estado serológico o por exigir estas pruebas.

Vargas detalló que la propuesta reconoce el derecho de las personas con VIH a gozar de todas las prestaciones y seguridad social sin restricciones, y busca que los centros de trabajo adopten medidas para prevenir prácticas discriminatorias, así como mecanismos de mediación y protección específica para quienes enfrenten estigmas relacionados con su salud.

El legislador advirtió que no reformar la ley permitiría que continúen actos de discriminación que derivan en exclusión laboral, pérdida de ingresos, afectación al tratamiento médico y mayores costos al sistema público de salud, además de dañar la reputación de las empresas involucradas.

La propuesta también obliga a las empresas a implementar acciones proactivas para mitigar riesgos, capacitar a personal directivo y de recursos humanos en prácticas de inclusión, y reconocer explícitamente que la discriminación por VIH o sida es una forma de rechazo prohibido. Según estimaciones, en México hay alrededor de siete mil 800 personas adultas mayores con VIH sin seguridad social para su tratamiento.