Padecen ciudadanos mexiquenses carencias sociales por el irresponsable manejo de los recursos públicos
Padecen ciudadanos mexiquenses carencias sociales
por el irresponsable manejo de los recursos públicos
***A causa del progresivo endeudamiento, la mayoría de los ayuntamientos del Edoméx, pierden capacidad de respuesta a las demandas de la población en materia de obras, servicios, seguridad, salud y educación, encontrándose ahogados por adeudos que representan casi el total o más del total de sus ingresos, lo que impacta negativamente en la calidad de vida de la población.
La gran mayoría de los ayuntamientos mexiquenses registra una situación financiera deplorable, que se traduce en la falta de una respuesta adecuada a las demandas de los ciudadanos, que resienten las carencias en rubros fundamentales para su calidad de vida, como son las obras y servicios públicos, la seguridad, salud y educación.
Esta preocupante situación está directamente vinculada con los fuertes niveles de endeudamiento que viven 88 de los 125 municipios del Estado de México, cuyos recursos se encuentran a tal grado comprometidos, que lo que deben supera –en algunos casos por mucho-, a sus ingresos, resultado de un manejo irresponsable de los fondos públicos y de la falta de sanciones contra quienes piden créditos y dejan el problema a la siguiente administración.
Al peso de las llamadas “deudas históricas,” se agregan otras cargas que desequilibran a los ayuntamientos económicamente como son los laudos laborales, luego de que ex servidores públicos que argumentan haber sido despedidos injustificadamente, interponen sendas demandas, que terminan en sentencias condenatorias de parte de los tribunales, en contra de los gobiernos locales (el caso más reciente ha sido el de Coacalco), que los obligan a erogar fuertes cantidades de dinero, que ya no se destinarán a atender las necesidades fundamentales de la población.
Además, se encuentran las deudas contraídas con diversos proveedores, en ocasiones grandes deudas con la Comisión de Aguas del Estado de México (CAEM), por la compra del vital líquido en bloque y con la Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.), lo que complica, incluso, el pago de la nómina para cubrir las quincenas del personal que labora en los ayuntamientos.
De acuerdo con el diputado Raymundo Guzmán Corroviñas, presidente del Comité de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM), los 88 municipios con alto endeudamiento presentan alarmantes cifras, que evidencian que sus deudas están hasta en un 232 por ciento, por encima de sus ingresos.
Es así como los municipios más endeudados son también los que tienen una mayor densidad demográfica, como el caso de Ecatepec, que debe 1595 millones de pesos (68 por ciento de sus ingresos); mientras que Naucalpan, alcanza una deuda de 1603 millones de pesos (55.5 por ciento del ingreso); en tanto, Nezahualcóyotl adeuda 734 millones (44 por ciento de ingresos).
Pero los que rebasan en deuda a sus ingresos son algunos como Coacalco, con deuda 109 por ciento arriba de sus ingresos, Capulhuac, con un 232 por ciento de deuda respecto a ingresos; Coyotepec 222 por ciento, Tenango del Aire 219; Sultepec, 184, San José del Rincón, 170 por ciento, más que sus ingresos.
Otras demarcaciones ubicadas en el Valle de México, tienen adeudos que se aproximan peligrosamente al 100 por ciento de sus ingresos, como Atizapán de Zaragoza, con 67 por ciento; Cuautitlán Izcalli, con 63 por ciento y Huixquilucan, 58 por ciento.
Debido a esta severa problemática que enfrentan los 88 municipios más endeudados, fue que el Congreso del Estado de México, emitió un enérgico exhorto para que los alcaldes y alcaldesas, no adquieran nuevas deudas y las que ya tienen, las bajen y en el mejor de los casos, que las liquiden.
De todo ello, los que pagan los platos rotos son los ciudadanos, que ante esos gobiernos endeudados, ya no encuentran la misma capacidad de respuesta a sus necesidades de parte de éstos, lo que reduce la realización de obras, disminuye la calidad de los servicios y los pone en lista de espera, para que sus peticiones sean atendidas, de acuerdo a como los ayuntamientos vayan teniendo recursos.
