Avanza propuesta para proteger a personas huérfanas por feminicidio y desaparición en Edomex
TOLUCA, México. – Integrantes de la Comisión de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Primera Infancia del Congreso mexiquense coincidieron en la necesidad de otorgar atención prioritaria a menores que han quedado en situación de orfandad por feminicidio o que dependen de víctimas de desaparición.
La diputada Krishna Karina Romero Velázquez (PAN), presidenta de la comisión, respaldó el contenido de la propuesta y reconoció su enfoque humanista, centrado en el interés superior de la niñez. En tanto, María del Carmen de la Rosa (Morena) propuso que se integre una atención multidisciplinaria, con mecanismos de restitución de derechos y un plan de vida para las víctimas indirectas.
Durante el análisis de la iniciativa presentada por la diputada Brenda Colette Miranda Vargas (Morena), se planteó reformar la Ley de Asistencia Social del Estado de México para que estas personas sean reconocidas como sujetos prioritarios de atención hasta los 25 años de edad, siempre que acrediten estar estudiando.
Por su parte, Miriam Silva Mata (PVEM) sugirió incorporar una fracción específica que garantice la obligatoriedad de esta atención, al advertir que medidas similares, como el Protocolo Nacional para niñas y niños en orfandad por feminicidio, han tenido fallas en su aplicación debido a la falta de seguimiento, como ocurre con su padrón desactualizado.
La diputada proponente subrayó que este grupo enfrenta una forma extrema de vulnerabilidad estructural, con consecuencias emocionales y sociales graves. Según el documento, la pérdida violenta de una madre, que en muchos casos es cabeza de familia, fractura el núcleo familiar y deja profundas marcas psicológicas en hijas e hijos.
Estudios citados en la iniciativa advierten que estos menores presentan altos niveles de ansiedad, depresión, abandono escolar y riesgo de caer en redes delictivas. Por ello, el Congreso analiza esta reforma como una medida urgente para atender una deuda pendiente del Estado con las víctimas indirectas de la violencia de género.
