15 diciembre, 2025

Iniciativa presentada por el PAN en Cámara de Senadores busca blindar a estudiantes frente a la violencia docente

CIUDAD DE MÉXICO.- “En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional consideramos que la protección de niñas, niños y adolescentes en entornos educativos es una obligación impostergable del Estado mexicano”, señaló el vicecoordinador de los senadores del PAN, Enrique Vargas del Villar, al presentar una iniciativa para prevenir, atender y sancionar la violencia docente en las escuelas.

Con el objetivo de fortalecer la seguridad en los planteles educativos de todos los niveles, el senador mexiquense propuso reformas a las leyes generales de Educación y de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de establecer mecanismos claros de prevención, atención inmediata y sanción en los casos en que docentes o personal directivo incurran en conductas violentas contra el alumnado.

Vargas del Villar explicó que, aunque existen compromisos nacionales e internacionales para proteger a la niñez, la violencia escolar sigue siendo una problemática vigente. Indicó que diversos estudios revelan que una proporción significativa de estudiantes ha sufrido agresiones físicas o emocionales dentro de las escuelas, incluso por parte de adultos responsables de su formación, lo que hace urgente evitar la normalización de estas prácticas.

La iniciativa plantea reformar la Ley General de Educación para establecer como obligación del Estado prevenir, atender y sancionar la violencia docente, entendida como cualquier acción u omisión del personal educativo que atente contra la integridad física, emocional, sexual o educativa de las y los alumnos. Asimismo, se propone que cada institución cuente con protocolos obligatorios para la denuncia, investigación y atención de estos casos, garantizando confidencialidad y medidas de protección inmediatas.

Entre los puntos centrales, se contempla la creación de Registros Estatales de Violencia Docente, con el propósito de impedir que personas sancionadas repitan estas conductas en otras instituciones educativas. Además, se busca que las autoridades escolares notifiquen de manera obligatoria estos hechos a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la localidad correspondiente.

Finalmente, Enrique Vargas subrayó que con estas reformas se fortalece el derecho de las niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia y se dota al sistema educativo de una estructura jurídica clara para actuar ante estos casos, reconociendo al mismo tiempo la importancia del magisterio como actor clave en el desarrollo integral de los estudiantes.