CIUDAD DE MÉXICO, México.- “Será obligatoria la implementación de protocolos y mecanismos con perspectiva de género para proteger a las mujeres que se desempeñan en el ámbito docente”, afirmó el senador Enrique Vargas del Villar tras la aprobación de sus iniciativas en Comisiones Unidas del Senado.
Las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos de la LXVI Legislatura del Senado de la República avalaron las reformas propuestas por el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, con el fin de que la violencia docente sea reconocida y sancionada adecuadamente.
El legislador por el Estado de México explicó que la violencia en el ámbito educativo es un fenómeno persistente que requiere fortalecer capacidades institucionales para garantizar acceso a la justicia a maestras y maestros, evitar su revictimización e incorporar una perspectiva de género, interseccionalidad e interculturalidad en la atención de estos casos.
Entre los cambios aprobados se contempla reformar el artículo 12 para definir como violencia docente las conductas que dañen la autoestima y se inflijan en centros educativos o deriven de una relación escolar; así como el artículo 14, para que se atienda con perspectiva de género y se promueva que el hostigamiento y acoso sexual son delitos que pueden constituir causas de rescisión laboral y faltas administrativas.
También se establecen procedimientos administrativos claros en escuelas y centros laborales, la protección de datos personales de las víctimas y la obligación de brindar atención médica a quienes sufran hostigamiento o acoso. Además, se incorporan a niñas y adolescentes en programas de capacitación y vigilancia para prevenir la violencia de género y generar diagnósticos estadísticos sobre sus causas y consecuencias.
Vargas del Villar señaló que estas reformas surgieron de la mesa de trabajo “Escuchar para legislar”, en la que participaron coordinadoras municipales y regionales, mujeres rurales, emprendedoras, indígenas, comerciantes y abogadas, con el objetivo de construir propuestas que atiendan de manera integral la violencia de género en el ámbito educativo.
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