TOLUCA, México.- “El objetivo es adelgazar la administración pública, evitar la duplicación de funciones y eliminar arrendamientos onerosos”, señaló el diputado Octavio Martínez Vargas al presentar una iniciativa para extinguir el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) y redistribuir parte de sus funciones a la Secretaría de Salud estatal.
El legislador de Morena explicó que la propuesta surge ante la integración de la operación ordinaria de hospitales generales, centros de salud y servicios de primer y segundo nivel al modelo IMSS-Bienestar, lo que obliga al Estado de México a redefinir sus competencias dentro del nuevo esquema de federalización de los servicios de salud.
Durante sesión deliberante, el proponente indicó que el país transita hacia un modelo de salud pública basado en la centralización operativa a través del IMSS-Bienestar, con el propósito de homologar estándares de atención, centralizar procesos estratégicos y garantizar gratuidad para la población sin seguridad social.
La iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública y el Código Administrativo estatal plantea que la permanencia del ISEM como organismo descentralizado ha perdido su razón de ser, ya que mantener una estructura administrativa paralela implicaría conservar un aparato burocrático sin función operativa plena.
El proyecto establece que los hospitales de alta especialidad, los laboratorios estatales y las capacidades técnico-científicas se adscriban directamente a la Secretaría de Salud, con el fin de que el Estado conserve infraestructura estratégica y capacidad operativa propia, al tiempo que coordina con la federación la prestación de servicios médicos.
Asimismo, se propone que la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México se transforme en un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, con autonomía técnica y operativa para mantener tareas de regulación, vigilancia sanitaria, emisión de licencias y atención a emergencias. La iniciativa señala que actualmente el ISEM cuenta con un presupuesto superior a 8 mil millones de pesos y asegura que la reforma no reducirá recursos destinados a la atención médica ni afectará derechos laborales.
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