TOLUCA, México. “La entidad es el primer lugar nacional en generación de empleos formales, algo que no ocurría hace 27 años”, afirmó Laura González Hernández, secretaria de Desarrollo Económico, durante su comparecencia ante el Congreso local con motivo de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la mandataria Delfina Gómez Álvarez.
Durante la sesión, legisladores de Morena, PVEM y PT destacaron indicadores como la inversión extranjera directa, que alcanzó los 2 mil 600 millones de pesos; la generación de más de 138 mil empleos; la salida de 1.9 millones de personas de la pobreza; y un Producto Interno Bruto estatal que supera los 2.2 billones de pesos. También se resaltó el impulso a nuevas unidades económicas y el posicionamiento de la entidad como un polo de desarrollo clave a nivel nacional.
En contraste, representantes del PRI, PAN, MC y PRD señalaron preocupaciones por el bajo crecimiento económico, el rezago en apoyos a microempresas, la alta informalidad —que alcanza a 5 millones de trabajadores—, la precariedad laboral, la extorsión a emprendedores y la persistencia de actividades ilegales. También cuestionaron la cobertura limitada de programas como Colibrí Emprende y la falta de inversión descentralizada en otras regiones del estado.
Ante los señalamientos, la secretaria Laura González defendió los avances logrados por la administración estatal, destacando la mejora en competitividad, la modernización de trámites y la coordinación con la Secretaría de Seguridad para atender la extorsión. Subrayó que se trabaja en una nueva Ley de Unidades Económicas y reformas legales para establecer un marco normativo moderno y homologado entre municipios.
Además, propuso un incremento al presupuesto de la Secretaría para ampliar sus capacidades de acción y reiteró que el desarrollo económico no puede medirse solo por cifras macroeconómicas, sino también por su impacto social, ambiental y territorial.
La comparecencia dejó en claro que, aunque hay indicadores positivos, persisten desafíos estructurales que requieren atención conjunta entre el gobierno estatal, el Congreso y los municipios para garantizar un crecimiento económico más inclusivo, formal y sustentable.
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