La importancia de una Política Social para el Estado de México en este Siglo XXI

La historia del Estado de México ha representado para la República grandes esfuerzo en la constitución de una Nación, recordemos que en diciembre de 1823 el Congreso Nacional aprobó el artículo constitutivo en que declaraba al Estado de México como una de las entidades de la Federación, es uno de los treinta y un estados que, junto con la Ciudad de México, forman México.​ Su capital es Toluca de Lerdo y su ciudad más poblada es Ecatepec de Morelos. Está dividido en ciento veinticinco municipios, con una población de 17,934,893 habitantes siendo la entidad más poblada de la República y en consecuencia un Estado en su composición territorial con grandes retos por atender en materia de educación, salud, empleo, infraestructura, servicios, seguridad para una población que demanda respuestas inteligentes y oportunas en la construcción de gobierno.

En este siglo XXI , quienes desean asumir el compromiso político de dirigir el gobierno en los diferentes cargos de responsabilidad pública en el Estado de México, deben contar con la experiencia necesaria para la construcción de políticas públicas estratégicas con un amplio sentido en lo Social, que dentro de sus ejes se contemplen acciones dirigidas hacia la mayoría de la población más vulnerables como son; las mujeres, las personas de la tercera, los grupos con capacidades diferentes, la población en situación de calle, los jóvenes.

Con base en lo anterior el tema de la política social cobra singular relevancia en dos planos importantes; en la construcción de gobierno y en materia legislativa para la construcción y elaboración de leyes que permitan mejorar las condiciones de vida en la entidad. Reconociendo que la política social constituye el conjunto de programas institucionales que desarrolla el Estado y su administración pública para fortalecer el nivel de vida de la población, principalmente en áreas como educación, salud, vivienda, seguridad social y empleo. Entendiendo así mismo que El tránsito hacia la institucionalización de la política social ocurre con el surgimiento del Estado moderno.

En este contexto recordemos Richard Titmus quien describe que existen tres modelos diferentes de Gestión Social básicos:

1. Modelo residual de la política social de bienestar. El primer modelo parte del principio de la existencia de caminos “naturales” por medio de los cuales satisfacen los individuos sus necesidades: el mercado y la familia. Las instituciones de bienestar social tienen más bien un carácter temporal y funcionan si esos dos caminos llegan a desaparecer. En realidad, dentro de este modelo el Estado de bienestar debe enseñar a los individuos a convivir sin él.

2. Modelo de la política social basado en el logro personal. Dentro de este modelo se considera a las instituciones de bienestar social como “auxiliares” del sistema económico. Supone que las necesidades deben satisfacerse de acuerdo con los méritos en el trabajo y la productividad. El modelo está basado en teorías económicas y psicológicas que destacan los incentivos, el esfuerzo y la recompensa, así como las lealtades de clase y de grupo.

3. Modelo de política social institucional-redistributivo. En este modelo se considera el bienestar como algo básico del sistema social; la política social proporciona servicios simultáneos al funcionamiento del mercado de acuerdo con el principio de necesidades. Es decir, el modelo supone que las relaciones de mercado son insuficientes para garantizar la satisfacción plena de las necesidades sociales y por ello el bienestar se desarrolla como complemento.

En este contexto, debemos reconocer que la construcción de gobierno no puede entenderse hoy sin la Participación Ciudadana donde el binomio fundamentas Gobierno-Ciudadanía debe ser el modelo permanente en la construcción de gobierno.

La Política Social es de gran trascendencia que esta considerada en nuestra Carta Magna en su Artículo 25 Constitucional que a la letra dice:…“ Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.”

en esta ruta IMCO establece que si bien, en México se ha logrado reducir carencias en salud, educación, vivienda y alimentación, actualmente los programas sociales no han generado condiciones de autosuficiencia que permitan a los hogares con mayor escasez escapar de la pobreza. Nuestro país se enfrenta a una difícil realidad en la que la baja productividad de ciertas regiones parece ser el obstáculo principal para generar bienestar. Por ello hoy en día, la precariedad del ingreso y la baja generación de empleos formales, la opacidad de la mayoría de los programas sociales y la falta de coordinación en los tres órdenes de gobierno dificultan la tarea del desarrollo en México y la lucha contra las carencias de la población.   Por lo que es necesario reformar la política social para asegurar intervenciones focalizadas y progresivas que permitan a los hogares acumular capital físico y humano, y a las regiones más pobres del país, construir infraestructura y capital social.

Reconociendo lo anterior, debo resaltar como ejemplo que en el Distrito XXXVII Local, que comparte parte de Tlalnepantla y Ecatepec, teniendo su cabecera en Tlalnepantla, con 79 Secciones electorales en Tlalnepantla y 70 en Ecatepec, dando un total de 149 secciones en todo el distrito. Demarcación electoral que requerirá de funcionarios con la experiencia para el fortalecimiento de una Política Social que se traduzca en Políticas Públicas en beneficio de la Población.

Por lo que es recomendable que cuando se elijan a los representantes Sociales o cargos de elección popular, se considere su trayectoria social y política, que tengan identidad y atraigo, amor por su zona y espíritu de servicio, para que realmente puedan ser unos verdaderos servidores públicos que velen por los intereses de ciudadanía, la cual siempre deposita su confianza en ellos. Ya sea en el distrito, municipio o región por el cuál son electos, analizando y conociendo a la persona, sus propuestas, independientemente de la ideología que abanderen.