LA MILITARIZACIÓN DE LA VIDA PÚBLICA, PROYECTO DE LA 4T. Por Alfredo Oropeza

Con el Gobierno de López, las fuerzas armadas han tomado un papel cada vez más preponderante en la vida pública del país. El Ejército mexicano se ha convertido en el principal contratista en la ejecución de las obras caprichosas del presidente, ha tomado el control absoluto de la seguridad nacional y los cuerpos policiales federales, ha tomado el control de los puertos y aduanas del país y han sido los más beneficiados por sustanciosas prebendas, contratos y fideicomisos.

Lo anterior, no deja lugar a duda de que el proyecto de la 4T es el apuntalamiento de su proyecto populista con el respaldo del Ejército, para conducir al país, no a la purificación de la vida pública, sino a la militarización de esta.

El papel de las fuerzas armadas, en una sociedad democrática, se atañe a las políticas de defensa orientadas a neutralizar y combatir amenazas externas. De manera excepcional y coyuntural podrían contribuir a resolver situaciones de emergencia interna y poner a disposición sus capacidades ante urgencias, catástrofes y crisis. Por ello, se considera que la misión de los militares se centra en la defensa de la soberanía nacional.

Sin embargo, en los últimos años, los gobiernos de México han estado asignando misiones de seguridad interior al Ejército Mexicano, desbordados por la falta de fuerzas y recursos para combatir las amenazas contra la seguridad ciudadana, provocadas por el narcotráfico y el crimen organizado.

Las severas críticas en contra de la participación del Ejército en tareas de seguridad interna y la denominada “guerra contra el narcotráfico”, se sustentan en  que las fuerzas armadas están desempeñando funciones para las que no han sido diseñadas y se corre el riesgo de que los militares acaben controlando espacios de poder, correspondientes al ámbito civil.

Con la instalación del régimen de la 4T, el poder cedido a los mandos militares y, con ello, a las fuerzas armadas, se ha remarcado claramente y conforme se va asentando el gobierno de López, se va cediendo cada vez más terreno al Ejército. Este modelo no es nuevo, es parte de la receta de los regímenes populistas y autoritarios, que buscan asentar su poder en el respaldo incondicional de los militares.

Esta es la característica principal de los fenómenos populistas registrados en América Latina, como lo fue la experiencia venezolana con Hugo Chávez, la boliviana con Evo Morales, la ecuatoriana con Rafael Correa o la nicaragüense con Daniel Ortega, donde el poder depende de la militarización de la política.

En estos regímenes populistas, una importante cantidad de militares adeptos a régimen son considerados para ocupar cargos en las instituciones civiles y obtener las mayores prebendas, con cargo al gasto público.

Con el Gobierno de López, ese escenario está cada vez más claro. Para empezar, el Ejército se ha convertido en el principal contratista de las obras prioritarias y caprichosas del presidente: En Santa Lucía, la SEDENA emplea dos Batallones con un total de 938 elementos, para la construcción del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”; en la edificación de los 81 cuarteles de la Guardia Nacional, se utiliza a otro batallón de ingenieros y su respectiva tropa; también emplea a un millar de efectivos, en todo el País, para la construcción de 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar; para hacer frente a la pandemia por el Covid-19, se le encargó reconvertir 32 hospitales del Insabi, empleándose para ello otros 450 militares; además, el Ejército también está considerado por el Gobierno de 4Ta para construir dos tramos grandes del Tren Maya.

Con la creación ocurrente de la Guardia Nacional, al entender la gravedad del problema generado con la desaparición del Policía Federal y el rebrote histórico de la inseguridad y la violencia, el presidente López tuvo que recurrir (al igual que Calderón y Peña) a la intervención de las Fuerzas Armadas.

La Guardia Nacional fue pensada como una policía civil, pero desde su inicio ha sido dirigida y manejada por militares del Ejército en activo, que en los hechos nunca han estado separados de la estructura y jerarquía militar, pese a que así lo ordena la reforma constitucional que dio luz verde a la nueva corporación.

En cuanto a las 49 aduanas y 17 puertos de altura de México, estos pasaron a ser administrados por funcionarios del Ejercito y la Marina, a partir del pasado mes de julio. Bajo el pretexto refriteado de combatir la corrupción y el trasiego de drogas, la Sedena y la Semar dispusieron de 2,203 elementos.

Finalmente, para tener contento al Ejército e incentivarlo por sus múltiples funciones desempeñadas en la 4T –en medio de la polémica decisión de desaparecer 109 fideicomisos y fondos públicos, relacionados con ciencia, tecnología y cultura– se reveló que, en cuanto a los recursos de los fideicomisos de la Secretaría de la Defensa Nacional, sucedió todo lo contrario al plan de “austeridad” del presidente López, se incrementaron en 1,048% desde el 2019.

Aunque hay mucha distancia entre la Venezuela Bolivariana de Chávez y el México de 4Ta. de López, las diferencias entre estos gobiernos impiden encuadrarlos en un modelo de defensa populista, pero no hay que descuidar sus similitudes. Considerando la misión constitucional de las Fuerzas Armadas y los riesgos de militarización existentes, puede afirmarse que el régimen de la 4T nos está conduciendo a un proceso de militarización de la sociedad y de politización del Ejército