Legisladores mexiquenses plantean prisión por incumplir adeudos con proveedores
TOLUCA, México.- Ante la deuda de los municipios a sus proveedores, que se calcula en casi 5 mil millones de pesos por el Consejo Coordinador Empresarial de la entidad, el grupo parlamentario del PVEM en el Congreso local propuso que en los procesos de entrega-recepción de las administraciones locales, quienes concluyan su periodo con adeudos a proveedores no reciban carta de no-adeudo y pueda imputárseles el delito de obstrucción de la inversión, que se sanciona hasta con 10 años de prisión y la destitución e inhabilitación de sus cargos.
La diputada María Luisa Mendoza Mondragón, coordinadora de este grupo legislativo, explicó que los ayuntamientos que entrarán en funciones a partir del 1 de enero del año próximo enfrentarán este problema que cada tres años se hace evidente, pues las malas prácticas se hacen costumbre y muchas autoridades locales suponen que es muy fácil realizar compras de bienes y servicios, pero no se ocupan de pagarlos.
Agregó que en este contexto también los proveedores, que en la entidad suman alrededor de 700 mil medianas y pequeñas empresas, en el ánimo de incrementar sus ingresos, apuestan por vender a los gobiernos locales incluso a crédito, haciendo una inversión de alto riesgo en la que no está garantizado el pago por tales insumos.
La iniciativa de reforma a las leyes Orgánica Municipal, de Responsabilidades Administrativas y de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, así como al Código Penal, señala que, de 25 municipios con más deudas en el país, cuatro se ubican en esta entidad.
Las bancadas de Nueva Alianza, PT, Movimiento Ciudadano y el PAN se adhirieron a esta propuesta que se remitió para su dictamen a las comisiones de Legislación y Administración Municipal, de Procuración y Administración de Justicia, de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción, y para emitir opinión, a Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, a solicitud de su presidenta la legisladora Evelyn Osornio Jiménez.
