CIUDAD DE MÉXICO, México.- “La exposición diaria de las y los pasajeros al riesgo de ser víctimas de delitos, especialmente mujeres, jóvenes y personas mayores, hace indispensable elevar las penas cuando dichos delitos se cometan en el transporte público”, afirmó el senador Enrique Vargas del Villar al presentar una iniciativa para reformar el Código Penal Federal.
El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República suscribió la propuesta con el objetivo de agravar las sanciones para quienes cometan robos, abuso sexual o actos de violencia en unidades, estaciones, paraderos, terminales o instalaciones del transporte público o concesionado, como autobuses, combis o taxis.
El legislador por el Estado de México señaló que el transporte público es un servicio esencial para millones de personas que lo utilizan para trasladarse a sus centros de trabajo, escuelas o servicios de salud, por lo que resulta prioritario inhibir los delitos que se cometen en estos espacios donde existe alta concentración de usuarios.
De acuerdo con datos citados en la iniciativa, 70.9 por ciento de las mujeres se sienten inseguras al usar el transporte público y nueve de cada diez han sufrido algún tipo de violencia, como agresiones verbales, persecución, acoso o abuso sexual. Además, la Envipe 2025 refiere que 23.7 por ciento de las personas dejó de utilizar este servicio por temor a ser víctima de un delito.
La propuesta contempla adicionar la fracción VI al Artículo 266 Bis para aumentar hasta en una mitad las penas mínimas y máximas por abuso sexual y violación cuando estos delitos se cometan en transporte público o concesionado. Asimismo, plantea reformar el Artículo 376 Ter para sancionar el robo contra usuarios o prestadores del servicio en este ámbito.
Enrique Vargas sostuvo que, aunque el Código Penal Federal tipifica estos delitos, no establece agravantes específicas suficientes cuando se cometen en el transporte público, pese a que afectan de manera sistemática a grupos vulnerables, impactan la libertad de tránsito y lesionan derechos humanos fundamentales.
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