Aprueba Congreso mexiquense Ley de las Personas Adultas Mayores
TOLUCA, México.- Ante el envejecimiento gradual de la población mexiquense y a fin de hacer frente a situaciones de desigualdad, pobreza, desempleo, deterioro de la salud o abandono, el Congreso mexiquense aprobó la Ley de las Personas Adultas Mayores del Estado de México que incluye avances científicos, tratamientos geronto-geriátricos, combate a la violencia y la atención a las múltiples situaciones que enfrenta este sector de la población.
Aprobado por unanimidad, el nuevo ordenamiento busca garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores a fin de mejorar su calidad de vida y promover su plena integración al desarrollo social, económico y cultural de la entidad.
El nuevo ordenamiento sustentado en reuniones de legisladores, instituciones, especialistas y personas mayores, incluye cambios significativos respecto a los derechos de las personas mayores, uno de los más vulnerables y víctimas de violencias dentro y fuera de su núcleo familiar; se adapta a sus condiciones socioeconómicas para mejorar su salud, así como su participación social, su seguridad y su bienestar en conjunto.
Entre sus preceptos, considera persona adulta mayor a las mujeres y hombres a partir de los 60 años y precisa los tipos de violencia que pueden darse en contra de ellos, esto es, física, psicológica o emocional, sexual, económica, abandono, negligencia, en contra de su dignidad, por su edad, discriminación y viejismo, entendido como las actitudes peyorativas debido a la edad.
Asimismo, integra entre sus derechos la dignidad y una vida libre de violencia, respeto a su integridad física, psicoemocional y sexual; a vivir en entornos seguros, a un trato digno y respetuoso, a decidir sobre su destino, a recibir programas sociales gubernamentales, protección jurídica, a la salud, alimentación y recreación, además de que deben de contar con condiciones para trabajar y desarrollar una vida autónoma e independiente, entre otros.
Señala obligaciones para que las instituciones desarrollen políticas públicas que eviten la discriminación de este sector, propicien su desarrollo integral con pleno respeto a la equidad de género, su integración al ámbito educativo, para orientarlos y protegerlos ante delitos cibernéticos, además de promover la instalación de grupos multidisciplinarios integrados por profesionistas de las áreas médica, gerontológica, trabajo social, psicológica y jurídica que deberán replicarse en los 125 ayuntamientos.
