TOLUCA, México.- Proteger el patrimonio de las personas adultas mayores frente a posibles abusos de sus propios familiares es el objetivo de una iniciativa presentada por la diputada de Morena, Itzel Daniela Ballesteros Lule, que plantea reconocer como violencia patrimonial los actos u omisiones que vulneren la autonomía sobre sus propiedades y la libre disposición de sus bienes y derechos.

Durante una reunión de las comisiones de Procuración y Administración de Justicia, y Para la Atención de Grupos Vulnerables del Congreso mexiquense, legisladoras y legisladores coincidieron en la importancia de fortalecer la protección jurídica de este sector de la población. En el análisis de la propuesta de reforma al Código Civil estatal, Octavio Martínez Vargas (Morena), Miriam Silva Mata (PVEM) y Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN) solicitaron que el Poder Judicial emita una opinión sobre sus alcances.

Al explicar la iniciativa, Itzel Ballesteros señaló que el abuso patrimonial no necesariamente comienza con un despojo directo, sino que puede originarse mediante relaciones de confianza, administración de recursos por familiares, poderes otorgados de buena fe, donaciones o contratos que terminan perjudicando a las personas adultas mayores.

Por su parte, las y los legisladores plantearon observaciones para perfeccionar la propuesta. Entre ellas, Octavio Martínez pidió evitar contradicciones con el Código Penal; Miriam Silva advirtió sobre la necesidad de precisar conceptos y consecuencias jurídicas; mientras que Emma Álvarez propuso incorporar peritajes especializados, invertir la carga de la prueba cuando exista dependencia o subordinación y considerar medidas cautelares.

La iniciativa contempla reconocer como violencia patrimonial el ocultamiento, disposición o administración indebida de bienes, así como el aprovechamiento de relaciones de parentesco, confianza, cuidado o dependencia para inducir o ejecutar actos que afecten el patrimonio de las personas adultas mayores. El propósito es garantizar que sus bienes representen seguridad, autonomía y dignidad, y no sean motivo de abuso familiar.

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